En 2019, el régimen chino reestructura la persecución a Falun Dafa

A medida que la persecución se acerca a los 20 años, refleja la lucha entre facciones y la fatiga institucional en el Partido Comunista

Por Leo Timm - La Gran Época

Análisis

El año pasado, el Partido Comunista Chino anunció que, entre otras reformas, disolvería la Oficina 610, un “grupo líder” que jugó un papel clave en la persecución a Falun Dafa, una práctica espiritual tradicional china.

La Oficina 610 es el nombre informal del ‘Grupo Líder Central para Tratar con Falun Gong’, creado el 10 de junio de 1999, anticipándose a la persecución que comenzó el 20 de julio de ese año. Después de la expansión de sus tareas para cubrir otros grupos religiosos, fue rebautizado como ‘Grupo Líder Central para Tratar con las Religiones Heréticas’.

El 21 de marzo de 2018, el PCCh anunció una serie de reformas estructurales planificadas para los organismos del Partido y del Estado que concentran aún más el poder en las manos de las autoridades centrales del Partido bajo el actual mandatario chino Xi Jinping. Entre los 60 puntos de la lista de reformas figuraba la disolución de la Oficina 610, así como de otras dos organizaciones relacionadas con la campaña de persecución contra Falun Dafa.

Considerada de forma aislada, la medida se presenta como un tecnicismo. El Partido Comunista sigue manteniendo su actitud de línea dura hacia Falun Dafa desde que comenzó la persecución en 1999, tal como lo demuestran las constantes detenciones, el hostigamiento y los juicios secretos a los practicantes de Falun Dafa. Y bajo la mirada de Xi, el PCCh aumentó las violaciones de los derechos humanos en general.

Pero cuando se lo coloca en el contexto más amplio de la política del régimen chino, el declive y el fin de la Oficina 610 refleja la intensidad de la lucha entre facciones políticas del PCCh. También se suma a la larga lista de indicadores el hecho de que al tiempo que el Partido no puede permitirse dejar de perseguir a Falun Dafa, la campaña de persecución se ha convertido en una incómoda obligación para el Partido y sus líderes.

Política de persecución

Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, es una disciplina espiritual tradicional china practicada por decenas de millones de personas. Sus practicantes han sido objeto de una violenta represión por parte de las autoridades comunistas chinas desde que comenzó la persecución en julio de 1999. Está confirmado que miles de practicantes de Falun Dafa murieron por torturas durante su detención. Mientras tanto, investigaciones cada vez más profundas sugieren que un número aún mayor de personas fueron asesinadas para la sustracción y posterior venta de sus órganos.

La persecución a Falun Dafa fue ordenada por el entonces cabecilla del Partido, Jiang Zemin, siguiendo un patrón similar al de los movimientos políticos violentos en la historia de la China comunista.

Extrañamente, Falun Dafa nunca fue prohibido explícitamente por la ley china, un hecho que a menudo es mencionado por los abogados que representan a los practicantes en los tribunales –pero es generalmente ignorado por los jueces debido a la influencia de la Comisión de Asuntos Políticos y Legales del Partido Comunista (CAPL) que supervisa las fuerzas del orden público y los asuntos judiciales.

Al igual que en los movimientos políticos comunistas anteriores, los funcionarios que fueron más activos en la campaña de persecución contra Falun Dafa recibieron las promociones y los beneficios más grandes.

Se esperaba que la persecución de Falun Dafa tuviera un desenlace rápido. En cambio, los practicantes defendieron su fe creando conciencia sobre la persecución, la cual se prolongó sin llegar a ninguna conclusión y se convirtió en una carga cada vez más pesada para las autoridades del Partido.

A lo largo de los años, el PCCh amplió la escala y sofisticación de su Estado policial. En 2011, los gastos de seguridad combinados eran tan elevados que superaban a los del ejército chino.

A pesar del dinero y el capital político gastado, los documentos internos filtrados de la Oficina 610 de 2013 describían cómo no solo la persecución no estaba logrando sus objetivos, sino que los esfuerzos de los practicantes de Falun Dafa para denunciar la represión del Partido estaban aumentando.

En 2017, Freedom House estimó que todavía había entre 7 y 10 millones de practicantes de Falun Dafa en China continental. En cambio, Minghui.org, un sitio web fundado por los practicantes para documentar la persecución, sitúa esa cifra entre 20 y 40 millones de personas.

En una foto tomada antes de julio de 1999, cuando el régimen chino lanzó una persecución nacional, los practicantes de Falun Dafa practican los ejercicios en la ciudad de Shenyang, provincia de Liaoning. (Minghui.org)

En el curso de la represión contra Falun Dafa aparecieron obstáculos que iban desde la presión internacional, hasta la renuencia de muchos ciudadanos chinos a volverse contra sus vecinos y colegas inocentes.

El sitio Minghui.org detalló numerosos relatos de la policía china y otros funcionarios públicos que hacían la vista gorda a las actividades de los practicantes de Falun Dafa. Según un informe reciente de Bitter Winter, una revista digital enfocada en los derechos religiosos en China, los agentes de seguridad pública de la ciudad nororiental de Dalian pagan sobornos para que se les exima de la obligación de arrestar a practicantes de Falun Dafa.

Muchos funcionarios chinos, incluido Jiang Zemin, fueron demandados en ausencia por su rol en la persecución. Bo Xilai, un alto funcionario del Partido, actualmente encarcelado, que presuntamente tenía una estrecha relación con el negocio de la sustracción de órganos, fue demandado al menos en diez oportunidades. Esta mancha política contribuyó a que Bo no fuera seleccionado como vicepresidente chino en la reorganización partidaria en el XVII Congreso Nacional del PCCh de 2007, lo que bloqueó su carrera política.

Lucha entre facciones

Desde que llegó al poder a finales de 2012, Xi Jinping estuvo involucrado en intensas luchas internas del régimen, una disputa que en ocasiones causó cambios a la campaña de persecución contra Falun Dafa. Al principio de la persecución, plantearlo como un asunto de vida o muerte política le otorgaba a Jiang Zemin una licencia ideológica para posicionar mejor a sus aliados y marginar a sus oponentes. Por otro lado, Jiang supervisaba el aumento de la intensa corrupción en China y las disputas entre las facciones políticas dentro del Partido.

Jiang se apartó de su puesto oficial en la cúpula comunista entre 2002 y 2004. Sin embargo, la amplia red de lealtades que había cultivado durante su mandato le otorgó un poder político duradero.

Analistas de la política china observaron que Hu Jintao, mandatario de China de 2003 a 2012, fue efectivamente un títere de la facción de Jiang. Entre las figuras prominentes alineadas con Jiang se encuentran el ya mencionado Bo Xilai y Zhou Yongkang, quien como jefe del CAPL comandó las vastas y crecientes fuerzas de seguridad de China. Ambos habían construido sus carreras persiguiendo a Falun Dafa.

Antes del ascenso de Xi Jinping, Bo y Zhou habrían conspirado para tomar el poder, pero sus planes fracasaron debido a un escándalo en febrero de 2012. Bo fue arrestado y sentenciado al año siguiente; mientras tanto, Xi comenzó una campaña masiva contra la corrupción para purgar al Partido Comunista de otros rivales. En 2013, Zhou Yongkang fue investigado y luego purgado en junio de 2015. Su caída se produjo cuando las autoridades del Partido bajo el mandato de Xi decidieron reducir el aparato de seguridad y fortalecer la autoridad central.

Zhou Yongkang (izq.), Secretario del Comité de Asuntos Políticos y Legales del Partido Comunista Chino, en 2007; y Bo Xilai en marzo de 2011. (De izquierda a derecha: Teh Eng Koon/AFP/Getty Images, Feng Li/Getty Images)

Desgaste interno

Los movimientos para erradicar la influencia de Jiang impactaron indirectamente en la persecución a Falun Dafa. Muchos de los purgados habían estado muy comprometidos con la represión, y su suerte política creó una atmósfera de incertidumbre entre los funcionarios de seguridad chinos, una tendencia que se observa en varios informes de Minghui.

La persecución en sí misma fue incluso objeto de sutiles críticas. En 2016, un informe de la agencia anticorrupción del PCCh reprendió a la Oficina 610 por no respetar la ley; con anterioridad, el puesto de liderazgo de la Oficina había quedado vacío, una señal de que había caído en desgracia ante las autoridades de Xi.

Aparte del declive de la Oficina 610, el desarrollo de la sociedad china apuntaba a un ligero cambio en la situación. A mediados de 2015, un ajuste en el código judicial facilitó a los ciudadanos chinos presentar demandas judiciales; a esto le siguieron más de dos millones de denuncias formales contra Jiang Zemin por iniciar la persecución. La ola de demandas puede ser contrastada con un intento anterior en el año 2000, cuando dos demandantes fueron brutalmente torturados, uno de ellos hasta la muerte.

Desde que Xi llegó al poder, también se registró un pequeño –pero creciente– número de sentencias judiciales a favor de los practicantes de Falun Dafa, algo impensable en la era de Jiang y Hu.

En 2016, un informe interno del CAPL reconoció algunos casos de “trato injusto” en el curso de la campaña de persecución contra Falun Dafa, y recomendó que se tomaran medidas para remediar el problema.

En 2016, 3000 residentes del condado de Jianli, en la provincia de Hubei, firmaron su nombre y colocaron sus huellas dactilares con tinta roja en una denuncia penal conjunta contra el excabecilla del Partido Comunista Chino, Jiang Zemin. (Minghui.org)

Pero hasta ahora, el desmantelamiento de la Oficina 610 –y todas las demás señales de que el trato hacia Falun Dafa podría cambiar– debe ser matizado por el hecho de que el Partido Comunista continuó enfatizando su dominio ideológico y político.

Minghui, que proporcionó el documento, citó a un funcionario chino anónimo diciendo que la persecución a Falun Dafa se había vuelto difícil de manejar, pero que el Partido “no quiere restaurar completamente la reputación de Falun Gong, porque sería una bofetada en su propia cara”.

En casi todos los aspectos, los derechos humanos bajo el mandato de Xi continúan en una tendencia sombría, a medida que el PCCh intensifica su persecución de uigures, tibetanos, cristianos chinos y otras minorías. La ideología comunista también está ocupando un lugar cada vez más grande en la educación y en los medios de comunicación.

La propia Oficina 610 parece estar decidida a aprovechar al máximo sus últimos días.

Según un documento filtrado de la oficina provincial de Liaoning el pasado octubre a través de Bitter Winter, la Oficina 610 comenzó una nueva campaña para atacar a los practicantes de Falun Gong y a otros creyentes en la provincia. La fecha de finalización de la campaña de persecución es marzo de 2019, fecha en la que está previsto el cierre de la Oficina 610.

La necesidad del Partido de preservar su régimen autoritario parece impedir una mejora significativa de los derechos humanos en China. Pero la crisis acecha más allá del control del régimen, como la recesión económica, la guerra comercial entre China y Estados Unidos y el malestar social. A medida que estos y otros desafíos se intensifican, Xi Jinping y sus colegas podrían verse obligados a tomar decisiones sin precedentes si quieren mantener sus posiciones.

Los puntos de vista expresados en este artículo son las opiniones del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de La Gran Época.

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