La enorme responsabilidad histórica de Xi Jinping: colocar a China bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional

El siglo XX trajo consigo numerosos conflictos que dejaron víctimas sumidas en la desolación. Consecuentemente, los Estados del mundo decidieron dar un paso adelante y establecer tratados, convenciones, protocolos y normativa en general para prohibir crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. No obstante, al no existir un sistema de aplicación de dichas normas, no existía una forma de garantizar que los perpetradores de tales crímenes respondan por sus acciones.

Fue así que se celebró la Conferencia Diplomática de Naciones Unidas entre el 15 de junio y el 17 de julio de 1998, la cual aprobó el Estatuto de Roma. Dicho Estatuto creó la Corte Penal Internacional como institución permanente para juzgar a aquellos responsables de los “crímenes más graves de trascendencia internacional”. 

Desafortunadamente, China, con Jiang Zemin como cabecilla, votó en contra del Estatuto y no lo firmó ni lo ratificó, por lo que se encuentra fuera de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

¿Qué implica esto? Esto implica que la Corte no tiene jurisdicción sobre responsables de crímenes de genocidio y lesa humanidad que se cometan dentro de China. Es decir que los mecanismos habilitados para enjuiciar a los perpetradores deberían encontrarse dentro del sistema legal chino. Pero, ¿cómo garantizar el acceso a la justicia sin Estado de derecho ni independencia de poderes?

Lo curioso es que, casi exactamente un año después de votar en contra de Estatuto, el 20 de julio de 1999, el régimen comunista chino lanzó una de las campañas de violación a los derechos humanos más atroces de la historia humana: la persecución a Falun Dafa.

La persecución a Falun Dafa

Falun Dafa (también conocido como Falun Gong) es una antigua disciplina espiritual china de meditación que gozaba de gran y creciente popularidad en China durante los años 90.

Falun Dafa significó un renacimiento de la espiritualidad del pueblo chino, que venía siendo fuertemente golpeado por diversas campañas del Partido Comunista empeñadas en erradicar la cultura tradicional basada en la fe y en la veneración de la virtud.

Ya en 1950, poco después de que el Partido Comunista tomara el mando del país, lanzó una dura persecución contra los credos religiosos. Como resultado, cristianos, católicos, daoístas y budistas fueron víctimas de una cruel campaña cuyo objetivo consistía en erigir al Partido por encima de todos los credos.

Posteriormente, en 1966, el Partido lanzó la Revolución Cultural, con una campaña conocida como “Desechar los Cuatro Viejos”: las viejas ideas, la vieja cultura, las viejas costumbres y los viejos hábitos. En el marco de esta campaña se derribaron templos, se humillaron monjes, se destruyeron reliquias culturales y se quemaron  incontables libros y escrituras.

Así fue que, desde que tomó el poder, el Partido Comunista Chino puso sus esfuerzos en destruir la cultura tradicional china, de carácter eminentemente espiritual, con el objetivo de suplantarla por su propia cultura partidaria basada en el materialismo y así controlar ideológicamente a sus súbditos.

En este contexto comenzó a difundirse Falun Dafa que, con sus enseñanzas morales de Verdad, Benevolencia y Tolerancia, y con sus ejercicios suaves y meditativos llegó para revivir la tradición espiritual del pueblo chino y cumplir con un profundo anhelo espiritual en los corazones de las personas.

La sed espiritual del pueblo chino era tan grande que Falun Dafa se propagó de boca en boca asombrosamente rápido: se difundió al público por primera vez en el año 1992 y para el año 1999 se estima que contaba con entre 70 y 100 millones de practicantes en China, según las cifras del régimen chino y de los practicantes respectivamente.

Fue así que el entonces cabecilla del Partido Comunista Chino, Jiang Zemin, que dominó China entre 1989 y 2002, vio la popularidad de Falun Dafa como una amenaza al control ideológico sobre el pueblo, por lo que en 1999 prohibió la práctica e inició una persecución a nivel nacional contra los practicantes, con torturas, lavado de cerebro, trabajo forzado y condenas de prisión sin juicio previo.

Para ejecutar la persecución, Jiang puso en marcha un aparato extralegal de tipo Gestapo llamado “Oficina 610” y utilizó las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, el sistema de educación e incluso su sistema de salud. Además, para cambiar la opinión pública en contra de Falun Dafa, se sirvió de los medios de comunicación estatales.

Hasta la actualidad, los practicantes son secuestrados de sus casas, arrojados en campos de trabajo forzado, centros de detención o centros de lavado de cerebro y son torturados para hacerlos abandonar su creencia en Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Muchos practicantes también son despedidos de sus trabajos, expulsados de escuelas o universidades, sus hogares son saqueados, sus cuentas bancarias congeladas, y así.

El sitio web Mingui, una plataforma que documenta la persecución a los practicantes, confirmó que hasta el pasado 1 de diciembre murieron 4.154 personas a raíz de la persecución y que hay un total de 137.965 casos documentados de practicantes de Falun Dafa que han sido perseguidos directamente –ya sea que experimenten abuso físico o psicológico, violaciones a derechos humanos básicos como detenciones ilegales, o padecimientos financieros como ser multados ilegalmente. Se estima que las cifras reales son mucho mayores debido a la dificultad de sacar información delicada fuera de China.

El Centro de Información de Falun Dafa estima que millones de practicantes han sido víctimas de encarcelamiento arbitrario, lavado de cerebro y tortura.

Pero el desprecio del Partido Comunista Chino por la vida humana y la libertad no termina allí. Numerosas investigaciones concluyen que los practicantes de Falun Dafa son la fuente principal de órganos de una siniestra industria estatal de trasplante de órganos, es decir, que son asesinados para sustraerles sus órganos y luego utilizarlos en trasplantes por los que los pacientes pagan decenas de miles de dólares.

Sustracción forzada de órganos

En el año 2006 comenzaron a aparecer denuncias respecto de lo que probablemente constituya el más repugnante crimen cometido por el Partido Comunista Chino a los practicantes de Falun Dafa: la sustracción forzada de órganos en vida.

En marzo de 2006, una mujer denunció que alrededor de 4000 practicantes de Falun Dafa habían sido asesinados por sus órganos en el hospital donde ella trabajaba y que su esposo le había contado que había sacado córneas a alrededor de 2000 practicantes de Falun Dafa vivos. Esta información fue posteriormente corroborada por un médico militar chino que declaró que dichas atrocidades estaban ocurriendo en alrededor de 36 campos de concentración de todo el país.

A raíz de estas denuncias, la Organización Mundial para la Investigación de la Persecución a Falun Gong hizo una petición a David Matas, abogado internacional de derechos humanos, y a David Kilgour, exmiembro del Parlamento y ex Secretario de Estado de Canadá para la región Asia-Pacífico. Esta petición consistía en investigar las acusaciones formuladas contra las instituciones y empleados del Gobierno de la República Popular China sobre la sustracción forzada de órganos a practicantes de Falun Dafa.

Es así que dichas investigaciones originaron la publicación de Cosecha Sangrienta, un exhaustivo informe que toma como referencia la cifra oficial de trasplantes de órganos que publica el régimen chino, de 10.000 trasplantes anuales.

El análisis de diversos extremos fácticos llevó a la conclusión “de que el gobierno de China y sus agencias en numerosas partes del país, particularmente hospitales pero también centros de detención y ‘Cortes populares’, a partir de 1999 han asesinado a un número grande pero desconocido de prisioneros de conciencia de Falun Gong. Sus órganos vitales, incluyendo corazones, riñones, hígados y córneas, fueron prácticamente sustraídos simultáneamente de manera no voluntaria para venderlos a precios elevados, a veces a extranjeros, quienes normalmente tienen largas esperas para las donaciones voluntarias de tales órganos en sus países de origen”.

Más recientemente, en junio de 2016, se publicó el informe “Cosecha Sangrienta/El Matadero: Una actualización”, en el que David Matas y David Kilgour, en conjunto con el periodista investigativo Ethan Gutmann, reúnen información recolectada a través de los últimos 10 años de investigación, y concluyen que la cantidad de trasplantes de órganos realizados en China por año excede por mucho los 10.000 que indica la cifra oficial del régimen y confirma nuevamente que la fuente de órganos la constituyen prisioneros de conciencia: uigures, tibetanos, cristianos y principalmente practicantes de Falun Dafa.

Ethan Gutmann, al ser entrevistado dijo: “Yo uso la palabra ‘G’. Genocidio … tiene un significado definitivo en derechos humanos. Si se trata de un intento de matar a las personas, entonces, sí, estamos mirando eso. Es un genocidio en cámara lenta; como cuando cae el agua constantemente a gotas”.

Hacia el futuro

Desde 2002 Jiang Zemin dejó de ser el primer mandatario del régimen chino, no obstante, a través de numerosos miembros de su facción que colocó en puestos claves de gobierno antes de retirarse, conservó mucho poder y continuó ejecutando la persecución a Falun Dafa hasta la actualidad. Pero el auge de su facción está llegando a su fin.

Tras la asunción de Xi Jinping como mandatario del Partido Comunista Chino en 2012, se inició una severa campaña anticorrupción contra la facción opositora liderada por Jiang Zemin, en el marco de la cual se purgaron 138 altos funcionarios vinculados a la persecución contra Falun Dafa. Pero esta campaña falló en reconocer la comisión de los crímenes contra Falun Dafa, puesto que todos ellos fueron purgados o condenados por delitos de corrupción.

Los crímenes contra Falun Dafa aún permanecen impunes y, dado que el régimen chino no cumple con los estándares internacionales en materia de administración de justicia, sus víctimas no disponen de un órgano judicial independiente e idóneo que pueda garantizarles su derecho humano de acceso a la justicia.

En este orden de ideas, y para combatir la impunidad, el derecho internacional estableció el principio de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales de un Estado a ejercer jurisdicción extraterritorial cuando se trata de graves violaciones o abusos a los derechos humanos o al derecho humanitario internacional.

Es así que los tribunales argentinos, aplicando el principio de jurisdicción universal y en cumplimiento con los compromisos asumidos al firmar y ratificar la Convención de Prevención y Sanción de los Delitos de Genocidio, tramitan actualmente una causa penal en la que se investigan los crímenes cometidos contra Falun Dafa. La causa se titula “Luo Gan s/imposición de torturas (art. 144 ter inciso 1° del Código Penal) y genocidio” y cuenta con una orden de captura nacional e internacional contra Jiang Zemin y Luo Gan, ex Secretario del Comité Central del Partido Comunista Chino y Coordinador de la Oficina de Control de Falun Gong (Oficina 610).

En última instancia, Xi Jinping puede demostrar sus voluntad de que se haga justicia y contribuir enormemente a que la persecución termine, esto es, firmando y ratificando el Estatuto de Roma o aceptando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para estos crímenes en particular.

Esta es su enorme responsabilidad histórica puesto que, a pesar de que la Corte solo tendría competencia con respecto a crímenes que se cometan después de la entrada en vigor del Estatuto en China, igualmente constituiría un impedimento para que la persecución continúe ocurriendo y enviaría un fuerte mensaje a los perpetradores: sus crímenes no quedarán impunes.

De todos modos, sea como sea, el curso de la historia ya está en marcha y la justicia no tardará en llegar para que aquellos culpables por estas atrocidades paguen por sus crímenes.

 
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