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El gobierno taiwanés prohíbe que funcionarios chinos involucrados en la persecución a Falun Dafa ingresen a Taiwán

El gobierno taiwanés prohíbe que funcionarios chinos involucrados en la persecución a Falun Dafa ingresen a Taiwán
Practicantes de Falun Dafa en Taiwán realizan una manifestación y desfile en Taipei, para mostrar apoyo por las más de 200.000 personas que presentaron denuncias penales en contra del exlíder del Partido Comunista Chino, Jiang Zemin, el 17 de julio de 2016. (Chen Po-chou/La Gran Época)
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El gobierno taiwanés ha dado un gran paso adelante en la protección de los derechos humanos luego de que recientemente negara la entrada al país de al menos tres personas involucradas en la violación a los derechos humanos en China.

El 10 de diciembre, el periódico taiwanés Liberty Times reportó en su sitio web que un grupo de trabajo conjunto de diferentes órganos gubernamentales taiwaneses negaron a por lo menos  tres funcionarios del Partido Comunista Chino (PCCh) y a los miembros de sus “grupos de intercambio profesional” el ingreso a Taiwán debido a que estuvieron involucrados en la persecución a los practicantes de Falun Dafa dentro de China.

El grupo de trabajo conjunto incluyó la Agencia Nacional de Inmigración de Taiwán y el Consejo de Asuntos de China Continental, la agencia gubernamental más alta de Taiwán a cargo de las relaciones exteriores con China. Dijeron que cualquier funcionario del PCCh vinculado a la “Oficina 610“, una organización extralegal del Partido creada con el único propósito de llevar a cabo la persecución a los practicantes de Falun Dafa en China, no tendrá permitido entrar a Taiwán, así lo informó Liberty Times. En base a la información que reunió a lo largo de los años la Asociación de Falun Dafa en Taiwán, organización que representa a los practicantes de esta disciplina de la Escuela Buda residentes en la isla, se ha presentado al grupo de trabajo una lista de funcionarios involucrados en la persecución.

Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, es una disciplina espiritual con ejercicios de meditación y enseñanzas morales basadas en los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. La práctica, que fue presentada al público en China en 1992, rápidamente alcanzó un alto grado de popularidad en el país con más de 70 millones de practicantes,  según una encuesta estatal de 1999 -aunque los practicantes estimaban que el número superaba los 100 millones. Por temor a que la popularidad de la disciplina pusiera en peligro la autoridad del PCCh, el entonces cabecilla del Partido Jiang Zemin inició una persecución a nivel nacional, sometiendo a los practicantes a tortura en prisiones, campos de trabajo forzado y centros de lavado de cerebro.

Mientras que los practicantes de Falun Dafa son blanco de una severa persecución en China continental bajo el mando unipartidista del PCCh, los adherentes en Taiwán son libres de practicar su fe. Desde que la República de China fue establecida en Taiwán en 1949, la relación entre China y Taiwán ha sido fría debido a que el régimen chino considera a Taiwán como una provincia rebelde, la que eventualmente debería unirse nuevamente al continente ya sea de forma voluntaria o por la fuerza.

“La medida demuestra que Taiwán defiende los derechos humanos y cómo la valoración y defensa de los derechos humanos se puso de manifiesto en acciones concretas”, dijo Chiu Chui-cheng, viceministro del Consejo de Asuntos de China continental, en una entrevista con la sucursal taiwanesa de New Tang Dynasty Television (NTD).

“Creo que cada país en el mundo tiene prácticas similares”, agregó Chiu.

“Aprobamos enérgicamente lo que hizo el gobierno”, expresó por su parte Theresa Chu, abogada de derechos humanos y portavoz del Grupo de Trabajo de Abogados de Derechos Humanos en Taiwán, en una entrevista con NTD.

Foto: Theresa Chu (NTD)

“Creemos que el gobierno de la República de China (Taiwán) en efecto dio respuesta al gobierno de Trump, [al mostrar] cómo la Ley Global Magnitsky es necesaria en todas partes del mundo”, añadió.

En 2016, el Congreso de EE.UU. aprobó la Ley Global Magnitsky, que permite a EE.UU. aplicar prohibiciones de visado y sanciones dirigidas a determinados individuos en cualquier lugar del mundo, siempre que estos sean responsables de cometer violaciones a los derechos humanos en sus respectivos países.

Muchos legisladores taiwaneses también expresaron su aprobación con respecto al accionar del gobierno. Wang Ding-yu, legislador del Partido Progresista Democrático, comentó en una entrevista con NTD: “También llamamos a los países alrededor del mundo que apoyan la democracia y los derechos humanos a no darles la bienvenida a estas personas”.

“Déjenles saber que pueden perseguir a otras personas, pero que no tendrán lugar en el mundo a dónde ir”, sostuvo Wang.

Zhu Xinxin, ex editor de la Estación estatal de Radio del Pueblo de Hebei que ahora reside en Taiwán, también aplaudió el compromiso del gobierno taiwanés con los derechos humanos. En una entrevista con NTD, Zhu apuntó: “Creo que la comunidad internacional y la gente en China, a través de este incidente [en Taiwán], recordarán que deberían seguirles la pista a estos criminales”.

Zhu agregó que sus crímenes deberían ser expuestos públicamente para que el mundo los vea.


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