Manifestantes reclaman “independencia e imparcialidad” en la causa por el genocidio a Falun Gong

|nid=11948|title=|desc=Manifestantes a apelan frente al Palacio de Tribunales de Argentina para pedir garantías de independencia e imparcialidad en la causa de derecho internacional por el genocidio a los practicantes de Falun Gong en China.(LGE) Partidarios de la causa judicial por el genocidio a los practicantes de Falun Dafa en China se manifiestan desde mediados de febrero frente al Palacio de Tribunales y al Juzgado Federal de Comodoro Py, para reclamar garantías de  “independencia e imparcialidad” a la Justicia argentina en cuanto al cumplimiento de los tratados internacionales de carácter constitucional referentes a los crímenes de lesa humanidad.  Expresan que se trata de una causa que representa un “ vavance histórico para el país, para el derecho internacional y para la defensa de los derechos humanos a nivel mundial”, pero que, no obstante, ha sufrido graves interferencias desde la renuncia del Juez Aráoz de Lamadrid en diciembre de 2009, momento desde el cual el juzgado comenzó a ser susceptible a presiones políticas.

La demanda fue presentada en diciembre de 2005 cuando Luo Gan –uno de los acusados– se encontraba de visita en el país. Luo Gan era jefe de la Oficina 610 en China, la cual, según explica el texto de la demanda (fundamentado en informes de organismos internacionales relevantes), “...tiene encomendada la gestión específica y el control de los denominados ‘asuntos de Falun Gong’, convirtiéndose de facto y bajo la dependencia directa y la supervisión del querellado Luo Gan, en la Oficina que coordinó territorialmente las órdenes encaminadas a erradicar Falun Gong. Esta es la verdadera realidad de la creación de una GESTAPO china con objetivos de exterminio de millones de seres inocentes (incluidos mujeres, ancianos y niños) bajo el control, la dirección, la supervisión y la coordinación de Luo Gan.”

La disciplina Falun Dafa contaba con aproximadamente cien millones de adherentes en China continental hasta que comenzó a ser perseguida brutalmente en 1999 por el régimen comunista. Desde entonces, según organizaciones de derechos humanos, cientos de miles han sufrido desapariciones, torturas, violaciones, asesinatos y hasta robo de órganos. Por la imposibilidad de juzgar estos crímenes en China continental, se han iniciado causas judiciales en el exterior, en base a los convenios de derecho internacional que avalan la jurisdicción universal para el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad.

La causa fue admitida por el Juez Aráoz de Lamadrid sobre la base de los tratados internacionales incorporados en la Constitución Nacional referentes al tratamiento de este tipo de crímenes. Tuvo un breve paso por la Corte Suprema al considerarse su competencia originaria mientras el acusado estaba en el país, y fue devuelta por ésta al juzgado cuando el acusado dejó de estar en territorio nacional, puesto que la inmunidad diplomática ya era inválida. A partir de entonces, en el Juzgado Federal nº9 se realizó una empeñosa investigación en la que se tomó declaración a más de una veintena de víctimas y se receptó contundentes informes de Naciones Unidas y otros organismos referentes internacionales de los derechos humanos, entre otras pruebas, conformándose un expediente de más de dos mil fojas.

Tras cuatro años de investigación, el 17 de diciembre de 2009, el juez ordenó la citación a prestar declaración indagatoria de los señores Luo Gan y Jiang Zemin –ex líder del Partido Comunista Chino–, y libró las correspondientes órdenes de captura internacional con fines de extradición. Para ello, elaboró una resolución sólidamente argumentada en casi 150 páginas.

Pero luego de la renuncia de Aráoz de Lamadrid –el 29 de diciembre del mismo año–, comenzaron las interferencias, según explican los querellantes.  El 8 de enero pasado, la Embajada de la República Popular China en la Argentina envió una nota a la Cancillería (también a la Excma. Cámara Federal de Apelaciones –la instancia inmediatamente superior–, a la Corte Suprema y a altos funcionares del Gobierno), intimando al Gobierno Argentino a que interviniera directamente ante el Poder Judicial, y obligara a los jueces a cerrar toda causa abierta en la Argentina que involucrara a los ex funcionarios del régimen chino; esto antes del viaje que la Presidenta de Argentina tenía previsto para el 20 de ese mes o al país asiático.

Tres días después, exactamente el 11 de enero de 2010, el Juez Rodolfo Canicoba Corral, a pocas horas de asumir un breve interinato durante la feria judicial, en apenas cinco líneas, dejó sin efecto la orden de captura. Y a principios de marzo, el expediente fue archivado por otro Juez de paso, el Dr. Julián Ercolini.

De todas maneras, la Sra. Presidenta no realizó el viaje.

Los manifestantes califican la revocación del Juez Canicoba Corral y el archivo del Juez Ercolini como una “vergüenza” para la justicia nacional, que justamente “había elevado su prestigio gracias al desarrollo de esta causa”. Con pancartas, folletos y remeras amarillas con insignias con los valores de la práctica de Falun Dafa, “Verdad-Benevolencia-Tolerancia”, continúan asistiendo al juzgado federal demandando que se considere éticamente conforme a derecho la apelación, para retomar el “desarrollo sano y justo”, en representación de millones de víctimas que actualmente sufre un atroz genocidio, y cuya suerte depende fundamentalmente de la acción internacional.

Sobre la apelación presentada, uno de los abogados querellantes, el Dr. Alejandro Cowes, expresó que espera que la Cámara “respete los tratados internacionales que avalan la jurisdicción universal, incorporados en la Constitución Nacional”. Adicionalmente, Cowes hizo especial referencia al Artículo 5 de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y al art. 4 de la ley 26.200.  En dichos artículos, se expresa el compromiso de los Estados miembros en cuanto a tomar las medidas necesarias cuando el acusado de crímenes de lesa humanidad pisa territorio de la propia jurisdicción nacional, como sucedió con Luo Gan al momento de presentada la demanda.

La apelación también descalifica la consideración de la carta (sin firma) enviada supuestamente por la embajada de la R.P. China a la Cancillería, en la cual pide al Poder Ejecutivo la intervención en el cierre de dicha causa, como elemento válido para sustentar finalmente el cierre.

El Dr. Cowes estuvo en Ginebra asistiendo a la apertura de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el fin de hacer conocer las circunstancias actuales, que calificó de “negativas”. Comentó que, con dicho fin, mantuvo una reunión privada con el Relator de Naciones Unidas para la Tortura, Manfred Nowak, junto con víctimas de la persecución. Paralelamente, el ex Juez Aráoz de Lamadrid fue invitado por una ONG a disertar en la sede de Naciones Unidas en el marco de dicho evento.

El Dr. Cowes dijo que allí expresó su inquietud de que quien le toque juzgar la apelación y quien eventualmente quede a cargo del expediente “se mantenga imparcial y ajeno a consideraciones de conveniencia política inmediata, y medite que el Juez Aráoz de Lamadrid abrió el camino de la jurisdicción universal, no por un capricho o una pretensión de dictar un fallo novedoso, sino que lo hizo en base a la contundencia y solidez de las pruebas aportadas que acreditan que existe una persecución sangrienta desde un aparato represivo estatal y precisamente para garantizar el acceso a la justicia por parte de las víctimas en tiempo real, mientras el genocidio se está cometiendo”.

El Dr. Cowes dijo también que especialistas de organizaciones internacionales importantes como Amnesty International, Freedom House, UN Watch y otras ONG internacionales están estudiando el caso. Los querellantes esperan que con la comunidad internacional cada vez más pendiente, la causa pueda apartarse de las presiones e interferencias políticas.