MADRID - La Asociación Pro Derechos Humanos de España y Amnistía Internacional España acogieron con satisfacción la apertura del sumario contra altos cargos del PCCh por su implicación en el genocidio y torturas a practicantes de Falun Gong en China.
Alicia Moreno, coordinadora del equipo jurídico de Amnistía Internacional, destacó que se trataba de “un avance de la Justicia Universal y en la lucha contra la impunidad”. Por otro lado, Manuel Ollé, Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y abogado de la acusación en varias causas de Justicia Universal, declaró a La Gran Época: “Es un paso más en la aplicación de la ley española, y de la asunción de los compromisos internacionales de España en la persecución de graves crímenes internacionales”.
La respuesta de la Embajada china en España ha sido, por el contrario, la de acusar a Falun Gong de querer dañar con estas acciones judiciales las relaciones entre China y varios países, donde actualmente se cursan querellas similares por genocidio y torturas, como es el caso de Argentina, Canadá y Australia.
No es la primera vez que la Embajada muestra su descontento hacia las acciones judiciales llevadas a cabo por jueces españoles contra altos cargos del Partido Comunista Chino. El pasado mes de mayo, las autoridades chinas contestaron a la Comisión Rogatoria cursada por el Juez Pedraz en relación a los disturbios ocurridos en 2008 en Tíbet, solicitando al Gobierno Español que retirara dichas querellas lo antes posible, con el fin de “evitar posibles estorbos y perjudicaciones a las relaciones bilaterales entre China y España".
Según el Sr. Ollé, esta actitud de las autoridades chinas “es intolerable”. “Y España, desde el ámbito diplomático, debe adoptar las medidas necesarias, denunciar dicha conducta y exigir, sin plegarse a conminación alguna, la necesaria cooperación en materia penal”, continuó el abogado español.
La Gran Época contactó con el Ministerio de Asuntos Exteriores para preguntar si había recibido alguna notificación de Beijing respecto a la decisión del Juez Moreno, y averiguar qué papel podría desempeñar el Ministerio en este caso. María Salcedo, responsable del departamento de prensa del Ministerio para asuntos de Asia, respondió que “el Ministerio de Asuntos Exteriores no quiere hacer comentarios al respecto, dado que se trata de un asunto judicial, y en España existe la separación de poderes”. Para Manuel Ollé, sin embargo, éste debería cumplir un papel primordial desde el punto de vista diplomático, ya que “es al Ministerio a quien le corresponde velar que las peticiones judiciales lleguen a buen término, y también contestar todas aquellas injerencias que pueden suponer intromisiones en la independencia judicial”.
La apertura del sumario por el Juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, se ha realizado acogiéndose al Principio de Jurisdicción Universal, cuya limitación, aprobada por el Congreso español recientemente, ha suscitado mucha polémica en los últimos meses. “AI ha lamentado profundamente una reforma legislativa que viene a limitar el alcance de la jurisdicción universal aprobada sin un mínimo debate informado. Con su aprobación, España que venía siendo un faro en el seno de la comunidad internacional en la persecución de graves crímenes de derecho internacional, lanza ahora malas señales en la lucha contra la impunidad sumándose a las tendencias restrictivas del alcance de la jurisdicción universal”, manifestó la coordinadora del equipo jurídico de Amnistía Internacional España, Alicia Moreno.
Para Manuel Ollé, dicha limitación, sin embargo, no puede ni debe afectar a este sumario dado que se trata de una ley procesal carente de efectos retroactivos, cuya interpretación, según el Derecho Internacional, impide cualquier aplicación limitativa o restrictiva.
