España es todo un referente en el derecho internacional por haber ejercido el poder jurisdiccional contra los más graves crímenes contra la humanidad y por ello ha sido y es respetada en todo el mundo como una nación que no solo hace honor a los tratados internacionales que suscribe, sino que defiende a las víctimas de torturas y genocidio de cualquier país del mundo.
Con la aplicación del principio de jurisdicción universal en España, amparado en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que posibilita el juzgamiento en España de los delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad , independientemente de la existencia de víctimas españolas y de la nacionalidad de los culpables o del lugar de comisión de los delitos, el poder judicial español ha dado muestras fehacientes de la defensa del imperio de la Ley frente a los genocidas y torturadores del mundo, intentando evitar de esta forma la impunidad de tales crímenes y la indefensión de las víctimas de otros países, donde no se puede hacer justicia o la Corte Penal Internacional tiene vetada su jurisdicción.
España ha estado en la vanguardia de la defensa y promoción de los derechos humanos desde 1996 con los procesos abiertos a las juntas militares dictatoriales argentinas y chilenas, y en los últimos tiempos, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Guatemala (2005), se ha producido un importante avance en la persecución de los crímenes contra la humanidad.
Sin embargo los políticos españoles, identificados en las mayorías parlamentarias de los grupos socialistas y populares, han sucumbido ante las presiones diplomáticas, y sobre todo económicas, de los dirigentes de países que precisamente se caracterizan por ser los mayores violadores de derechos humanos de todo el planeta. El caso significativo y relevante de China es el mejor ejemplo de cómo se puede conseguir que un país libre y democrático como España pueda acceder, agachando la cabeza, sin honor y dignidad, a los presuntos chantajes y amenazas de un gobierno dictatorial que está bajo el control del partido más sanguinario y asesino de la historia de la humanidad. El Partido Comunista Chino (PCCh), que cuenta como lastre sangriento en sus 60 años de historia con una cifra escalofriante de 80 millones de ciudadanos chinos muertos de manera no natural, se ha permitido amenazar abiertamente a España con penalizaciones o cancelaciones de numerosos acuerdos económicos, o incluso con la posible ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, si no se accede a archivar las querellas contra el genocidio cometido por el PCCh contra millones de practicantes de la enseñanza espiritual Falun Gong o contra el pueblo tibetano.
En plena tramitación parlamentaria, el Senado español aprobó mayoritariamente el pasado día 7 de octubre la modificación de la norma legal que regula el principio de justicia universal, con el voto en contra (honroso y leal para con las víctimas) de 21 senadores, y con la finalidad de restringir el principio de justicia universal, exigiendo entre otros requisitos para que España sea competente en estos delitos, la existencia de “conexión nacional”, lo cual ya fue expresamente rechazado por el Tribunal Constitucional en el denominado Caso Guatemala del año 2005.
Resulta increíblemente contradictorio y a la vez revelador, en un momento de creciente degradación moral y de valores y principios en la política española, que los dos grupos parlamentarios mayoritarios, socialistas y populares, que se encuentran en permanente lucha de desprestigio mutuo, incapaces de alcanzar un solo acuerdo en interés de la ciudadanía española, se pongan únicamente de acuerdo en un asunto de tanta trascendencia, como es el abandonar a las víctimas de los peores crímenes contra la humanidad, haciéndolo casi a escondidas, sin debate previo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, en un presunto atentando contra el principio de separación de poderes y contra las decisiones valientes de jueces y Tribunales, incluyendo al más alto Tribunal español, el Tribunal Constitucional.
Las presiones de los genocidas y torturadores no deberían hacer quebrar la firme voluntad de la defensa de los derechos humanos de quienes representan a un país libre y democrático, respetuoso con los Tratados y Convenios Internacionales como es España, pero tristemente los políticos españoles han renunciado a su dignidad en este asunto de tanta trascendencia.
¿Quién pierde y quién gana con esta decisión política? Ganan los genocidas que agradecerán a los políticos españoles la traición a la justicia universal, lo que les permitirá, sin duda, respirar tranquilos. Pierden las víctimas, millones de ellos, que veían en España un país que respeta y hace cumplir la Ley contra la impunidad de los crímenes que repugnan a la comunidad internacional y que ahora se ven abandonados a su suerte, lo cual tristemente significa que seguirán siendo asesinados de la manera más impune.
Los políticos que han aprobado esta modificación legal pasarán a la historia y serán conocidos por ser los autores de la traición tanto a la justicia universal como a millones de personas inocentes que sufren las peores atrocidades cada día en el mundo. La política española, sin honor y sin dignidad, deberá mirar a los ojos de las víctimas, sin respuestas a sus preguntas, mientras sus torturadores descansan tranquilos en sus guaridas.
Pero no todo está decidido, los jueces españoles y el propio Tribunal Constitucional deberán manifestarse acerca de la legalidad de esta decisión política de modificación legislativa y su posible incompatibilidad con los Convenios y Tratados Internacionales de los que España forma parte y que presuntamente vulnera no solo la doctrina del Tribunal Constitucional español, sino diversas normas de derecho internacional.
Más de 500 organizaciones defensoras de derechos humanos tanto a nivel español como internacional seguirán adelante y no renunciarán a hacer justicia frente a la impunidad.
Ellos y las víctimas sí tienen honor y dignidad .
