Durante las Olimpíadas, 22 apelantes fueron arrestados ilegalmente en la provincia de Liaoning mientras se alojaban en el Hotel Hunbei en el distrito de Tiaxi de camino a Beijing para presentar sus demandas al gobierno central. El 27 de julio fueron rastreados con GPS (Global Positioning System) y quedaron detenidos. Se dice que ahora que la fiesta deportiva finalizó las medidas represivas se endurecerán aun más, pues llegó el momento de “castigar” a quines manifestaron durante los Juegos.
“Nos tratan como si fuéramos los enemigos de la Nación”
De acuerdo a la apelante Li Sufen, el 27 de julio sus compañeros Wang Shengfang y Zhao Laidi de Shanghai y Zhu Yumei de Jiangsu fueron rastreados y arrestados por las autoridades chinas. Zhou A'gen, pudo escapar a tiempo y evitar el arresto.
Li Sufen, vecina de la ciudad de Shenyang, la capital de Liaoning, ha demandado al régimen chino durante 18 años. A pesar de que prometió a las autoridades locales que no haría ningún tipo de reclamo o queja, ni causaría problemas durante las Olimpíadas, antes de la ceremonia inaugural quedó arrestada en su casa.
Según Li, los manifestantes detenidos están bajo vigilancia las 24 horas del día por policía especial, guardias de seguridad y personal del Ministerio de Justicia; la situación de algunos es seria porque hace días que están en huelga de hambre y otros están al borde del suicidio porque no soportan el abuso y el hostigamiento de las autoridades.
Zhou, el otro apelante que logró escapar de la policía declaró que las autoridades de Beijing del Ministerio de Seguridad Pública rastrearon el celular de Zhu Yumei, una mujer discapacitada.
“Tres policías irrumpieron en la habitación y golpearon a Yumei. Algunos apelantes de nuestro grupo se suicidaron porque no tenían esperanzas de nada; somos más miserables que los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, nos tratan como sus enemigos”, declaró Zhou y continuó, “He confiado en el Partido Comunista Chino y en el gobierno central, he venido a Beijing muchas veces. Ahora perdí la esperanza completamente, cada vez que regreso mi reclamo está siempre igual, nunca es atendido, y ahora tengo que soportar que en cualquier momento me arresten para golpearme y maltratarme a su antojo”.
La señora Tang Xiuyun, una apelante del noreste de China, declaró que las autoridades de Beijing rastrean a los manifestantes y han puesto guardias en cada sede de reclamos. Todos los que llevan sus demandas tienen que estar atentos y esconderse, algunos no se atreven a ir, además se reforzó la vigilancia con personal extra de otras regiones.
“Cuando descubren a una persona que viene para realizar un reclamo, las autoridades la arrestan inmediatamente y la envían de regreso en contra de su voluntad –indicó Tang- y el apelante es puesto en custodia, detenido o enviado a prisión, amenazado y hasta sentenciado”.
En respuesta a esta nueva ola de represión creciente en Beijing, el Gobierno de Transición de China a través de su vocero Tang Boqiao, alentó a los peticionantes a que renuncien a Partido Comunista Chino (PCCh) y apoyen el movimiento democrático.
“Bajo la ley de la dictadura, los apelantes padecen represión e injusticia, todo se debe al actual sistema político. Quiero alentarlos para que apoyen el movimiento para la democracia, apoyen al Gobierno de Transición y se termine el régimen del PCCh”.
El apelante de Anhui, Wang Shixiang, fue rastreado por su teléfono celular con la ayuda del sistema de GPS el 20 de agosto, un día antes de que llevara a cabo su reclamo. La policía lo arrestó y lo llevó de regreso a Anhui; desde ese momento es permanentemente vigilado.
“Fui rastreado por el Ministerio de Seguridad Pública y el gobierno local de Anhui. Ellos rastrearon las señales de mi teléfono móvil como si fuera un criminal fugitivo. Por supuesto, no querían que yo me manifestara públicamente en Beijing”, dijo Wang.
De acuerdo con Wang un funcionario del Ministerio de Seguridad Pública de Beijing dijo: “¿Acaso no quieren derechos humanos? Estamos esperando a los que quieren derechos humanos, a los que quieren manifestarse y protestar en la calle, así podremos actuar sobre ellos”.
La policía le dijo a Wang que luego de que los Juegos finalicen, comenzarán a “castigar a la gente”. Wang hace un llamado a la comunidad internacional para que conozca la situación de las personas que reclaman por sus derechos en China y actúen al respecto.
Durante su detención, Wang conoció a la apelante de Guangxi, Huang Liuhong, quién llevó a sus hijos y a su hermana menor a Beijing para manifestar frente al Ministerio de Seguridad Pública.
Huang dijo que no tenía otra opción. “Yo confiaba en el Partido, en el gobierno central, he venido a Beijing muchas veces. Sin embargo, no importa cuántas veces haya venido, mi caso sigue igual, y no sólo eso, ahora también he sido arrestada y maltratada”.
Huang también aseguró que es su última vez en Beijing, ya que las autoridades la amenazaron con castigarla luego que los Juegos terminen.
