Los miembros de la familia del bien conocido activista chino de derechos humanos Hu Jia, recibieron un aviso oficial de su detención recién la semana pasada desde que fuera injustamente arrestado a mediados de diciembre de 2007. Las autoridades de Beijing lo arrestaron intentando acusarlo de “incitar la subversión al poder del estado”, sin dejar en claro ningún tipo de causal.
Mientras que las Olimpiadas de Beijing se están acercando, la situación de la familia de Hu se observa desde el exterior como un indicador de si las autoridades chinas cumplirán su promesa de mejorar las condiciones de los derechos humanos en China.
A Hu Jia le fue negada la posibilidad de fianza para su caso bajo el pretexto de que es una amenaza para la sociedad. Actualmente, la esposa de Hu, Jinyan Zeng y su hija de dos meses están bajo estrecha vigilancia en su domicilio por parte de la oficina de seguridad pública que las amenazó de llevarlas a prisión en cualquier momento. Su hija de dos meses se ha convertido en la presa política más joven del mundo.
Después de su detención, el Parlamento Europeo y muchas organizaciones internacionales han instado al régimen chino a que libere a Hu y su familia inmediatamente.
El 31 de enero, desde su sede central en Paris, Reporteros sin Fronteras realizó un duro cuestionamiento preguntando si tan sordas están las autoridades de Beijing que no oyen las súplicas y la disconformidad que se está haciendo con respecto al horroroso tratamiento de Hu Jia y otros perseguidos.
Di Menglei, amigo de Hu Jia y ex jefe de redacción de la revista Publicación Civil, exhortó a las autoridades detener la supresión hacia los debates públicos sobre los incidentes relacionados a Hu.
El 3 de enero, alrededor 100 manifestantes en Beijing fueron a visitar a la mujer e hija de Hu Jia, a su domicilio, pero policías y guardias bloquearon a los residentes y periodistas de los alrededores.
Aunque fueron interceptados, los periodistas tuvieron oportunidad de tomar muchas declaraciones de la gente que las visitaba, a pesar de que en el ínterin muchos de los manifestantes fueron llevados directamente a centros locales de detención.
Debido a que los funcionarios del régimen comunista han clasificado su caso como secreto de estado, Hu no tiene derecho a un abogado, ni nadie tampoco tiene derecho a hablar o saber del tema dentro de China continental.
