Después de varios meses de preparación, un grupo de activistas de derechos humanos y abogados de China continental lanzaron una petición conjunta para instar al Congreso Popular Nacional a que apruebe el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos antes de marzo de 2008. Hasta la fecha, 14.070 ciudadanos chinos de todo el país ya han expresado su apoyo.
Aunque el régimen comunista chino ya firmó este convenio en 1998, ya han pasado casi diez años y su máxima autoridad – el Congreso Popular Nacional – aún no lo ha aprobado.
La carta de petición conjunta está dirigida a todos los miembros del Congreso, al presidente del comité permanente Wu Bangui, al líder del régimen Hu Jintao y al Primer Ministro Wen Jiabao, a quienes se pide la aprobación incondicional del convenio antes de las Olimpiadas de Beijing.
Los principios fundamentales del convenio son el respeto hacia los derechos iguales e inalienables de los seres humanos como la libertad civil y política, la libertad del miedo, el derecho de autodeterminación, la libertad de expresión, la libertad de asamblea y la libertad de creencia entre otros.
Los demandantes en la carta, basándose en el convenio y en las obligaciones de los ciudadanos chinos, han decidido hacer varias sugerencias detalladas entre las que se incluyen:
- Reconsiderar la pena de muerte como método de castigo.
- Fortalecer las medidas de protección legal para la seguridad y libertad individual del ciudadano chino.
- Reconocer la libertad de expresión, proteger la libertad de prensa y publicación.
- Proteger la libertad de asamblea y protesta del ciudadano chino.
- Respetar la libertad de creencia y reconocer la auto administración de la religión.
El renombrado abogado chino Zhang Jiankang, uno de los iniciadores de esta protesta colectiva, declaró que la actividad viene del entendimiento común de los profesionales del sistema legal y de los defensores de derechos humanos. Todos esperan que el régimen pueda dar una respuesta positiva, y creen que China, como país fundador de las Naciones Unidas y uno de los cinco Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, debería cumplir con su obligación de aprobar el convenio.
Según el Sr. Zhang, muchos abogados de derechos humanos no podían citar el convenio cuando llevaban casos debido a que éste no había sido aprobado en China. Y cree que la aprobación del mismo significa mucho para la protección de los derechos humanos en China. Este aumentará el espacio vital del ciudadano chino, y los abogados de derechos humanos tendrán más libertad en los tribunales.
Se trata también de una medida y un estándar para medir la aplicación de la ley por parte del gobierno. Esta dejará al descubierto toda la mala legislación actual.
