Recientemente, poco después de que el actual Ministro de Comercio chino Bo Xilai fuera sentenciado por ausencia en Australia en una causa similar, el Tribunal Constitucional de España notificó su decisión de aceptar un caso presentado por víctimas de la persecución a Falun Gong contra el ex dictador chino Jiang Zemin y su mano derecha Luo Gan por los delitos de genocidio y torturas.
El fallo responde –por unanimidad de los seis jueces de la Sala Segunda del más alto tribunal español en materia constitucional– a un recurso de amparo interpuesto por Carlos Iglesias, abogado de la querella, referente a una demanda presentada el 15 de octubre de 2003.
El caso de Jiang Zemin y Luo Gan será unificado con la causa contra otros dos altos funcionarios chinos, Jia Qinglin y Wu Guanzheng, quienes ya están siendo investigados por la Audiencia Nacional de España, también por cargos de genocidio y torturas contra los practicantes de Falun Gong en China.
“La Justicia Española acaba de reafirmar su firme y notable compromiso con los derechos humanos universales”, dijo el abogado Carlos Iglesias a La Gran Época, quien se mostró conforme con el fallo. “De esta manera, España abre un nuevo camino de esperanza para las víctimas del genocidio contra Falun Gong”, agregó.
Falun Gong (Falun Dafa) es una disciplina espiritual pacífica de ejercicios y meditación con enseñanzas arraigadas en la cultura tradicional china sobre la base de los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. Desde 1999, cuando el número de practicantes de esta disciplina se había incrementado rápidamente hasta 70 o 100 millones (sobrepasando al número de miembros del Partido Comunista Chino), el régimen prohibió la práctica que antes apoyaba, la declaró “secta” y comenzó a perseguirla violentamente, con un saldo hasta ahora de más de 3000 muertos por tortura confirmados (la cifra real sería de decenas de miles), cientos de miles ahora desparecidos en campos de concentración y campos de trabajo forzado y con investigaciones que confirman la extracción masiva de los órganos de los detenidos (aún vivos) para la venta para operaciones trasplantes. La persecución está documentada por los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
“Los medios de comunicación oficiales chinos, los centros de apelaciones, la policía y los propios Tribunales chinos, todos ellos han sido utilizados por el Partido Comunista Chino y por Jiang Zemin y Luo Gan para los fines genocidas contra Falun Gong, sirviendo como cómplices de esta crueldad y de esta barbarie extrema.”, declaró Iglesias.
A Jiang Zemin se lo acusa de utilizar su poder como dictador chino para ordenar e impulsar inconstitucionalmente la persecución contra los practicantes de Falun Gong, dando instrucciones al Politburó chino con tres consignas muy concretas que, según Iglesias, pasarán a la historia como las que definen de manera más clara un genocidio: “Difamen a los practicantes”, “Arruínenlos económicamente”, “Elimínenlos físicamente”.
Estas órdenes fueron coordinadas por Luo Gan –el otro acusado-, quien se convirtió en “el cerebro de la gestión de persecución” como vicedirector de la “Oficina 610”. La Oficina 610 (llamada así por haber sido fundada el 10 de junio), u “oficina de control de Falun Gong”, es un organización tipo GESTAPO creada al margen de las propias instituciones oficiales y de la ley china para actuar irrestrictamente en todo el territorio chino capturando a miles de practicantes de Falun Gong, encerrarlos en campos de trabajos forzados y torturarlos –en muchos casos, hasta la muerte- con el fin de hacerlos renunciar a sus creencias mediante las llamadas “declaraciones de arrepentimiento”.
Según Iglesias, ni Jiang Zemin ni Luo Gan poseen ahora cargos que les garanticen inmunidad. El abogado explicó que los pasos que se darán de ahora en adelante en esta investigación irán encaminados por la propia defensa de las víctimas y la Fiscalía con dirección a intentar conseguir que los responsables de estos crímenes respondan ante la justicia española, enfrentándose a una pena de cárcel de hasta veinte años, según establece el artículo 290 del Código Penal español.
“Para ello se podrá hacer uso de mecanismos legales internacionales como la extradición, de manera que si estas personas viajan fuera de China puedan ser detenidas por la INTERPOL y enviados a la justicia de España para ser puestos ante los jueces españoles y sentados en el banquillo de los acusados”, explicó Iglesias.
Jiang Zemin y otros jerarcas del genocidio contra los practicantes de Falun Gong han sido demandados en más de 30 ciudades entre 2002 y 2007, en lo que se conoce como el esfuerzo legal más grande del siglo XXI, orientado a detener la actual persecución y juzgar a los responsables. Luo Gan, en particular, tiene también una causa abierta en el Juzgado Federal de Argentina, actualmente en etapa de investigación, bajo los mismos cargos.
