La izquierda desafía la Constitución en tres países de América latina. En México, López Obrador niega su derrota en la elección presidencial y amenaza con formar un "gobierno paralelo". En Bolivia, el Presidente Morales, transgrede las normas de la reforma constitucional. En Venezuela, el presidente Chávez contempla la "reelección indefinida". No concertado, este triple y simultáneo desafío es percibido por algunos como una deriva hacia un autoritarismo mesiánico y por otros como la voluntad de superar los presuntos obstáculos de una democratización verdadera.
El gobierno paralelo de López Obrador en México
Dos meses después de la elección presidencial del 2 de julio, el Tribunal Federal Electoral de México oficializó definitivamente el 5 de septiembre la victoria del conservador Felipe Calderón, el candidato del Partido de Acción Nacional (PAN, gubernamental) y ex Ministro de Energía del Presidente saliente, Vicente Fox. La entrega de poderes para un mandato de seis años está prevista para el 1 de diciembre. En la izquierda, Andrés Manuel Lopez Obrador (apodado Manlo), candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), no acepta la decisión del tribunal. Amenaza con hacerse proclamar "presidente legítimo" por "el pueblo" y formar un gobierno paralelo. Un "Convenio nacional democrático" lo debatirá en México el 16 de septiembre, día de Fiesta Nacional.
López Obrador espera reunir entonces un millón de sus partidarios. Los resultados definitivos de la elección presidencial, después de la revisión de apenas el 9 % de las papeletas de voto (López Obrador exigía que fueran de nuevo contadas), atribuyen el 35,89 % de los sufragios a Felipe Calderón, contra el 35,33 % de López Obrador. De los 41,7 millones de votos expresados, solamente 233.831 los separan. En México no hay segunda vuelta y el vencedor es el candidato que obtenga más votos. Desde hace más de un mes, miles de militantes de López Obrador ocupan una parte del centro de la capital, acampando y durmiendo sobre la plaza central, el Zócalo, y sobre avenidas comerciales. Con esta "resistencia civil", el jefe del PRD responde al "golpe de Estado" electoral que habrían urdido el presidente Fox, el PAN, el empresariado y la Justicia a través de un "fraude" masivo. «Han robado la victoria» a la izquierda. «Qué se vayan al diablo con sus instituciones», exclamó López Obrador.
El Tribunal Federal Electoral criticó al presidente Fox y a las organizaciones patronales sus intervenciones "indebidas" en la campaña electoral a favor del candidato conservador Felipe Calderón, pero, según el mismo tribunal, este apoyo no habría sido decisivo. Seiscientos treinta y nueve observadores internacionales, con un gran contingente autorizado por la Unión Europea (UE), había avalado desde julio el carácter ejemplar de la votación presidencial. En Bruselas, la comisaria de Relaciones Exteriores de la UE, la Sra. Benita Ferrero-Waldner, subrayaba «la transparencia total del proceso electoral». El "clima de normalidad absoluta y democrática» de las elecciones mexicanas fueron confirmados por el socialista español Javier Solana, el alto Representante de la UE para la Política Exterior y la Seguridad Común. Un comunicado de la presidencia del Consejo de la UE fechado del 6 de septiembre acaba de reforzar este testimonio.
Paradójicamente, López Obrador y el PRD no impugnan el resultado de las legislativas concomitantes de la elección presidencial del 2 de julio. También fueron conseguidas, con mayoría relativa, por el PAN de Felipe Calderón (206 de 500 diputados y 52 de 128 senadores), delante del PRD (115 diputados, 29 senadores) y el histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI, 105 diputados y 33 senadores). El 1 de septiembre, los cargos electos del PRD ocuparon la tribuna del Congreso, impidiendo al presidente Vicente Fox presentar su informe anual sobre la gestión del país. «Creo que la izquierda va a dividirse, a distanciarse de López Obrador, cuya actitud es francamente anti- institucional y provocativa», estimaba entonces el antropólogo Roger Batra, uno de los intelectuales de la izquierda mexicana.
Bolivia como Evo Morales la quiere
En Bolivia, el Presidente amerindio Evo Morales, aliado del cubano Fidel Castro y del Venezolano Hugo Chávez, acabó de modificar unilateralmente, en las elecciones de vuelta, las normas de la reforma constitucional en el seno de la Asamblea constituyente elegida el 2 de julio. En el momento de esta elección, el Movimiento hacia el socialismo (MAS, Partido Presidencial) obtenía el 50,7 % de los sufragios (contra el 53,7 % de la elección presidencial de diciembre de 2005). El porcentaje del 65 al 70 % predicho por Evo Morales se revelaba inaccesible y el MAS, con 134 cargos electos en el seno de la Asamblea Constituyente, queda lejos de la mayoría de los dos tercios (170 diputados) que ansiaba explícitamente. Según la legislación vigente, toda revisión constitucional requiere similar mayoría cualificada. Pero el pasado 1 de septiembre, Evo Morales decretaba el carácter "originario" de la Asamblea Constituyente, quebrantando la dependencia de ésta con respecto a la Constitución y las leyes actuales.
Así, la Asamblea es librada autoritariamente de la sujeción a los dos tercios. La mayoría que controla el MAS será suficiente para redactar la nueva Carta Fundamental. El valor de la elección del 2 de julio se encuentra desvirtuado. El ex Presidente conservador Jorge Quiroga, líder del Poder Democrático y Social (Podemos, principal partido de la oposición) pide a la Organización de Estados Americanos el envío a Bolivia de una misión de protección de la Asamblea Constituyente. Además, el abuso de autoridad de Evo Morales aviva las fuerzas centrífugas en los cuatro departamentos (Bolivia en cuenta nueva) que se habían pronunciado por referéndum, el 2 de julio también, a favor de la autonomía regional. Estos departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija cubren la mitad oriental de Bolivia y tienen la parte esencial de los yacimientos de hidrocarburos y la producción agrícola.
Hugo Chávez, ¿presidente de por vida en Venezuela?
Por último, en Venezuela y el 1 de septiembre también, el Presidente Hugo Chávez, considerando adquirida su reelección para un segundo mandato de seis años el próximo 3 de diciembre, anunciaba la convocatoria para el 2010 de un referéndum implicando dos cuestiones. La primera sería «¿Está de acuerdo en que Hugo Chávez continúe siendo el Presidente de Venezuela?». La segunda se redactaría así: «Si su respuesta anterior es afirmativa, está usted de acuerdo en que Hugo Chávez sea elegido de nuevo para el próximo período [elección presidencial]?». El presidente Chávez quiere pues revisar su propia Constitución como sucede en Bolivia y cuyo artículo 230 autoriza sólo una única reelección. Según Hugo Chávez, el fin es que «la reelección en Venezuela sea indefinida con el fin de que el pueblo [nota: y no la Constitución] diga cuando debe acabar el mandato de un presidente». ¿Es querer instaurar la presidencia de por vida como creen numerosos comentadores?
Hugo Chávez da argumentos afirmando querer acentuar «a partir de 2007 y hasta 2021» el carácter socialista de su “revolución venezolana ». Pero si se trata de solicitar la presidencia cada vez que expira, sin limitación del número de mandatos, entonces el presidente Chávez asumiría sin embargo, contrariamente a Fidel Castro, el riesgo de ser elegido cada seis años. El problema es que intencionalmente o no, la declaración del Presidente venezolano no es clara. El referéndum que, según el artículo 344 de la Carta actual y suprema, está vinculado a toda reforma constitucional, debería coronarlo y no introducirla. La consulta contemplada por Hugo Chávez sólo podría ser consultiva. La revisión en absoluto puede concernir el mandato presidencial. Pero vincular la modificación de este mandato con el caso particular del ciudadano Chávez acredita la visión populista del poder a menudo prestada por el líder venezolano.
