Abogado describe a Ley Monsanto en Chile como usurpación de semillas existentes | lagranepoca.com

Abogado describe a Ley Monsanto en Chile como usurpación de semillas existentes

El Ministerio de Agricultura anunció que otogaría permisos para pequeños agricultores a reutilizar las semillas por las que ya pagó los derechos
Por Anastasia Gubin - La Gran Época
Jue, 19 Dec 2013 10:40 +0000
Foto de campos afectados por Monsanto, archivo 2012, Chile. (MAURICIO LIMA/AFP/G
Foto de campos afectados por Monsanto, archivo 2012, Chile. (MAURICIO LIMA/AFP/GettyImages)

Más información

El proyecto deja ilegales a los pequeños productores de especies naturales si no pagan el registro en el "banco de semillas" aprobadas
El Máximo Tribunal de la Corte Suprema emitió su opinión mediante Oficio N° 82,
La ley sobre obtenciones vegetales fue aprobada para legislar el 14 de agosto 2013 y está en etapa de discusión

El proyecto de ley de obtentores vegetales, conocido como Ley Monsanto es más bien una “usurpación” de semillas existentes más que una nueva creación, destacó el abogado Ariel León Bachan, egresado de derecho de la Universidad de Chile, y presidente de la Corporación Cultural Aymara Jacha Marka Aru, en entrevista al medio Austral.

Por el hecho de que a una semilla o planta se le insertó algo, o se la mejoró en un laboratorio, ésta nueva variedad se puede patentar, e imponer en los cultivos. Esto obliga a los agricultores a pagar por los derechos, siendo que los patentadores usaron para ello, la misma planta regional, que ya tiene miles de años de uso y selección.

“El tema en discusión es si crean o no, porque el sistema es el siguiente: tomas una variedad vegetal que ya existe y le insertas un valor agregado, la modificas, la mejoras, y en virtud de esa mejora, te puedes apropiar de toda la planta", dijo el dirigente aymara, según Austral.

Según Ariel león, quienes están detrás de estas leyes, serían las grandes empresas de la agro industria, una de ellas, Monsanto, “que han diseñado este sistema para la protección de sus propios intereses económicos, principalmente”.

Según el experto en derecho indígena, el costo, de esta ley para Chile es que los países que se adhieren a este sistema jurídico pierden la soberanía alimentaria.

“Los recursos naturales dejan de ser los pueblos originarios, dejan de ser de los campesinos, dejan de ser de los Estados nacionales y se convierten en propiedad y patrimonio de empresas transnacionales”, sostuvo el dirigente, según Austral.

El abogado adelantó sus declaraciones el 13 de diciembre, previo a que este martes, el Ministro de Agricultura Luis Mayor Bauchon, anunciara que decidieron apurar la aprobación del proyecto legislativo, con la flexibilización de en algunos puntos.

La ley fue ingresada con la solicitud y firma de Michelle Bachelet en 2009, e intenta ratificar el acuerdo de tratado Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), suscrito también por Michelle Bachelet, junto a otros 50 países adheridos. Hoy se encuentra en el senado para su aprobación.

La principal preocupación, destacó León, es que los campesinos e indígenas “corren el riesgo de pagar royalty por semillas que ellos tradicionalmente han cultivado, cosechado, durante cientos o miles de años. Eso es una usurpación, lo que se llama biopiratería.

Para explicar cómo ha estado operando esta biopiratería León relata que en efecto “llega una persona, conversa con una comunidad, le saca o extrae, sin ninguna autorización, una variedad vegetal (planta). Muchas veces, ni siquiera la mejoran, la registran como propia, pero no le hacen nada. Eso lo permite el Upov 91, que, como toda ley, tiene su ‘letra chica’”.

De acuerdo al abogado, “esto empezó en 2011, cuando se supo que estaba en trámite el tratado UOV 91, que es un convenio internacional que dice relación con potenciar un sistema que existe desde los años 60, de apropiación de semillas de variables modificadas genéticamente”.

“Ha habido sucesivas reformas, la última en el año 91, que a juicio nuestro, iba a provocar una excesiva y desproporcionada extensión de los derechos del obtentor vegetal, vale decir, del patentador (dueños de las patentes de variedades “nuevas”)”.

Para Ariel León y quienes se oponen a la 'ley Monsanto', con este tratado se retrocede en cuanto a los derechos de los campesinos y sus propias semillas mantenidas por generaciones, y finalmente se ampara la usurpación de éstas con la ley de propiedad intelectual que no respeta los cientos o miles de años de selección.

A su vez el abogado agrega que  "es una estructura económica absolutamente abusiva, que hemos vivido históricamente en el campo. Pero ahora protegida por el ‘derecho de propiedad intelectual’ a favor de empresas y en contra de los campesinos e indígenas”, explicó León sobre este proyecto de ley, uno de las más criticados previo a las elecciones presidenciales del 15 de diciembre, que dieron como ganadora a la representante de oposición Michelle Bachelet.

Ministerio de Agricultura

El Ministro de Agricultura, Luis Mayol, en sus declaraciones de este martes al medio El Pulso explicó que se realizarán cambios a la ley para agilizar su aprobación. Entre ellos, la posibilidad a los pequeños agricultores para que puedan volver a sembrar las mismas semillas que adquirieron, a lo menos en esa misma cantidad. En caso contrario la ley establece penalizaciones.

"Hemos hecho una modificación al proyecto anterior en virtud del cual les estamos dando la posibilidad a los pequeños agricultores para que puedan volver a sembrar las mismas semillas que adquirieron, a lo menos en esa misma cantidad", aseguró Mayol.

“Vamos a pedir que se ponga en tabla en la primera oportunidad, porque creemos que es una ley que tal como está planteada genera un beneficio para el país. Está estigmatizada por ciertos grupos que no la entienden o no la han querido entender”, explicó el Ministro.

Penalizaciones

Citado por Ecologista Verde, Esteban Órdenes Abarca ingeniero agrónomo graduado de la Universidad de Chile y desde hace seis años dedicado a la extensión y al desarrollo de la pequeña agricultura, relató su opinión sobre las penalizaciones que se señalan al ratificar el convenio UPOV 1991.

“Los obtentores e investigadores que dedican su vida a investigar y 'crear' nuevas variedades, labor que por lo demás es ampliamente retribuida por importantes ganancias que generan miles de pequeños agricultores que año tras año se endeudan para conseguir sus variedades de alto rendimiento, alto costo y alta contaminación, quienes no necesitan más “incentivos” para desarrollar su labor, ya que con las condiciones actuales, incluso sin UPOV 91, lanzaban al mercado un híbrido tras otro y ganaban gran cantidad de fondos concursables para el estudio de estos, no hablamos por lo tanto de un sector pasivo y que necesite de estímulos, hablamos de un sector que en los últimos años ha aumentado exponencialmente sus ganancias y con una presencia masiva y completamente dinámica en el sector agrícola nacional”.

El ingeniero señala que “dichas variedades no quedarán a disposición de los agricultores que pagan responsablemente sus derechos año tras año”, y que hasta hoy, las variedades “aparecen y desaparecen a su mero antojo”.

“Es justo que se les pague su trabajo, sin embargo, ese marco se los entregaba de manera segura la ley 19.342 y el convenio UPOV 72”, explica el ingeniero, destacando a su vez  que la UPOV 1991 lo que busca sólo es la ganancia de la penalización.

“Chile ratificó las normas establecidas en la convención de 1978. Sin embargo, después de la convención de 1991, el Congreso de Chile decidió no adherir a dicha convención por tratarse de una normativa mucho más restrictiva y con mayor poder de control por parte de los dueños de las variedades los que, con la UPOV 1991, tienen mayor autoridad para penalizar el uso de variedades protegidas usadas en forma ilegal en forma comercial sobre los otros países adheridos a dicha convención” según cita desde la Fundación Chile Departamento de agroindustria, solicitado por ODEPA 2003.

Para el ingeniero Órdenes, "queda bastante claro que lo único real que se busca detrás de esta nueva ley es darle mayor poder de control a los obtentores y mayor autoridad para penalizar, esa es la verdad, sin embargo esto se ha ocultado tras argumentos sin fundamento como son, las supuestas necesidades de los agricultores de mejores variedades, incentivos para la investigación y asegurar la protección de sus variedades, suena bonito y hasta casi altruista, sin embargo el párrafo anterior hace visibles las claras intenciones de estas empresas que se ocultan tras la denominación descrita internacionalmente por el Convenio UPOV bajo la palabra “obtentores”.

La Gran Época se publica en 35 países y en 21 idiomas.
Síguenos en Facebook, Twitter o Google +

comments powered by Disqus